De las maletas de cartón a los centros de internamiento

© Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga

Soy hija de la emigración española. Soy un grano de arena de ese infinito desierto de inmigrantes españoles que tuvieron que abandonar su tierra en un momento de la historia porque su propio país no podía hacer frente a la manutención de tanta boca hambrienta y a tanta mente ansiada de libertad. Nací en Francia, en una época en la que los españoles seguían saliendo de su nación con sus maletas de cartón, vagando errantes por las calles del mundo en busca de una calidad de vida mejor. Lo tomamos como algo legítimo, como un derecho propio e incuestionable. Desplazarnos por el mundo en una búsqueda anhelada de ese sueño dorado, explorando nuevas vías para alcanzar un desarrollo personal y profesional sin límite, era un privilegio sin excepción que quisimos hacerlo nuestro. Sin embargo, parece que nos hemos olvidado de nuestro propio devenir histórico. En qué nos hemos convertido ¿si fue un derecho para nosotros, por qué privárselo a otros?

Hace unos días nos llegaba la noticia de Bouziane, mal afortunado señor que quiso entrar en Europa de manera “clandestina”. Un “sin papeles”, alguien que no es bienvenido a esta Europa-fortaleza cuyas fronteras imaginarias se cierran voraces ante la llegada de determinados individuos que se señalan como no deseados. Un ser, a pesar de todo humano, cuya condición de existencia se ha revertido de “ilegal” por carecer de un papel que legitime su derecho a querer vivir.

Parece que no tenemos miedo a repetir el mismo esquema hegemónico colonizador de antaño: somos la supremacía mundial; la raza blanca que domina el mundo, cuya cultura es incuestionable y cuya civilización sigue siendo el ejemplo a mostrar y a seguir por el resto de la humanidad. Volvemos a repetir el mismo rasero opresor que promueve arduas teorías de liberación, pero que ante la puesta en práctica muestran que la ciudadanía se divide en categorías de primera y de segunda clase, y que los Derechos es una posesión de determinados Humanos.

Mientras que la sociedad de aquella Europa revolucionaria crecía bajo vítores de proclamación de Derechos del Hombre y del Ciudadano (que no de la Mujer y la Ciudadana), en sus colonias se ejercía un poder autoritario, totalitario y castrador. Hoy, desarrollamos amplias legislaciones que recogen “nuestras” libertades y derechos, pero que excluyen con reglamentos absurdos a esos “otros” extranjeros, los inmigrantes, los que vienen de fuera de la fortificación europea.

Nuestra ética está enferma, no me cabe la menor duda. Llenamos nuestras bocas en autoproclamarnos como Estados de derecho regidos por unas democracias impolutas y que comparadas con “esos otros países”, nos muestran como la sociedad de ensueño que todo ser humano querría alcanzar. Estos discursos progresistas son el mejor reclamo publicitario, sin necesidad de realizar ninguna campaña de marketing extraordinaria ¿quién no quiere tener una calidad de vida?

Crecemos económicamente y necesitamos mano de obra para cubrir determinados puestos que ya no son ocupados por la población autóctona… Pedimos trabajadores y nos llegaron personas. Personas, que evidentemente reclaman su derecho legítimo a ser humanos y en consecuencia adquirir un estatus digno para su verdadera integración. Y es ahí donde sale a flote las incongruencias de nuestro sistema ¿cómo una persona puede ejercer su condición de ciudadano/a cuando se le ha privado el derecho a existir o cuando no posee todos los derechos que una democracia otorga?

Del conjunto europeo, el caso español es el que mejores lecciones morales debería mostrar, porque hasta no hace demasiados años, poseíamos más emigrantes fuera que inmigrados dentro y por lo tanto, la historia emigratoria es lo suficientemente reciente como para diseñar unas políticas acordes a una sensibilidad propia de un Estado de derecho. Sin embargo, tanto la legislación en materia de extranjería como su reglamento de aplicación suponen un rancio reducto desapegado de la justicia y de los valores básicos considerados universales.

Ejemplo de ello se ha hecho visible con el caso de Bouziane, al poner sobre la mesa la realidad que sufren las personas que son “encarceladas” de manera encubierta en los Centros de Internamiento para Extranjeros (extranjeros no europeos, se sobreentiende). Unos centros específicamente diseñados para personas que han incumplido una falta administrativa: carecer de permisos. Curioso es que la política española sea capaz de diseñar este tipo de emplazamientos cuando miles de españoles, entre ellos mi padre, circularon, vivieron y trabajaron en diferentes partes del mundo sin ningún tipo de permiso hasta conseguir regularizar la situación.

Es vergonzoso que nos creamos nuestra condición democrática, cuando negamos la condición de ciudadanía a determinadas personas, cuando miramos hacia otro lado ante la violación sistemática de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna y en nuestra propia Constitución. Privar la libertad a personas que no han cometido ningún delito y que por circunstancias propiciadas por las políticas represivas migratorias, no han podido conseguir o renovar su permiso de residencia, es un acto injusto que contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España.

Hoy hemos conseguido salvar a Bouziane, pero ¿cuántos como él no correrán la misma suerte? ¿Como es posible que tengamos que recurrir a esta presión social para que un gobierno que debe velar por los derechos de la ciudadanía, se convierta en el verdugo que domeña la justicia?

Publicado en Webislam

Anuncios