Oro limpio, consumo responsable del recurso mineral. El caso de Cajamarca

¿De dónde procede el oro que llega a nuestras manos? ¿En qué condiciones es extraído? ¿Qué proceso se sigue para su tratamiento? ¿Cumplen las empresas con códigos éticos durante todo el proceso? Infinidad de preguntas que quedan escondidas bajo la alfombra del no querer saber, porque como ocurre con la ropa u otros productos que consumimos, en pocas ocasiones se realiza un ejercicio crítico que ponga a examen el origen de las joyas que terminamos utilizando.

La extracción del oro data de una larga tradición histórica, con usos y tipologías diversas. Pero es especialmente a raíz de los procesos de colonización europea cuando toma un talante diferente al original y se explota con fines netamente comerciales y por lo tanto, económicos. Hoy en día, sumergidos como estamos en el sistema capitalista, se refuerza el anhelo de alcanzar un crecimiento económico a toda costa, en base a una burbuja de bienestar vinculada a un consumo insaciable.

La alimentación de nuestro propio consumismo viene ofrecido por un sucedáneo de bienestar que nos embriaga con imágenes constantes del “tener” como meta de complacencia. Toda una literatura de evasión y suplantación de la felicidad con el objetivo de dirigirnos como seres alineados, como si respondiésemos al estimulo de la drogadicción en base a una respuesta automática que nos haga olvidar nuestro entorno y lo que nos rodea.

Nicanor Parra expresaba con sabia elocuencia este fenómeno que reduce al materialismo por excelencia vinculado al bienestar, eludiendo así nuestra responsabilidad y pertenencia a una creación. “El error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra”.

 

 

La pérdida de este apego ancestral a la tierra, que no es más que la herencia de aquella revolución industrial, genera un sentimiento de titularidad a cualquier precio, de explotación de la tierra y de lo que en ella se produce, haciendo una escasa muestra de conciencia plena y consecuente de lo que respecta a nuestros deberes con el planeta y con las generaciones venideras.

Desde el siglo XVIII, momento en el que la ciencia es diseñada para la productividad y sobreexplotación de la tierra, se ha ido hacia un acrecentamiento de la deuda ecológica. Consumimos recursos por encima de nuestras posibilidades, socavando el capital natural lo que nos hace vivir a expensas del futuro. El sistema de mercado actual muestra una dramática falta de idoneidad para encarar los problemas medioambientales. Y es ahí donde la industria minera y su modalidad a gran escala debería de empezar a plantear serias dudas sobre la sostenibilidad de una tipología de expoliación de dudosa ética. Lo que hace un siglo se producía en un año, hoy en día se extrae en pocas semanas, lo que hace suponer los riesgos que para el planeta debe tener semejante despropósito.

La industria del oro

Dos tercios de la producción mundial de oro, se concentra en los países del sur. De los 38 países empobrecidos más endeudados, 14 son importantes exportadores de oro. Sin embargo, y a pesar de que la producción minera extrae rentables rendimientos económicos, éstos no parecen reducir el empobrecimiento de los países que necesitan con urgencia la inversión extranjera. La producción mundial minera de oro batió su récord histórico en el año 2010, con la obtención de 2.652 toneladas, sin que por ello pueda apreciarse que el reparto de la riqueza obtenida se realice de forma equitativa.

Una vez desgarrada la piedra, se lleva a cabo la lixivación. Para ello, la tierra/piedras extraídas, son colocadas en montañas gigantescas, apiladas en escalones y son tratadas con cianuro para extraer el oro. Fotografía: M. Laure Rodríguez QuirogaEn la mayor parte de los casos, en la denominada minería a gran escala, la explotación se realiza por parte de empresas multinacionales extranjeras que por los métodos utilizados (para la obtención de mayor rendimiento económico), suponen una grave amenaza al medio ambiente y a la salud de las personas.

Estas empresas, realizan excavaciones de grandes minas a cielo abierto utilizando métodos de lixivación con cianuro, contaminando las aguas con tóxicos potencialmente dañinos. Además reducen el nivel de agua potable del que disponen las comunidades de los alrededores y obligan a comunidades indígenas y campesinas a desplazarse a otros lugares. Según la organización británica Caford, la “fabricación de cada anillo de oro produce 18 toneladas de desperdicio”. La lixivación con cianuro, utiliza grandes cantidades de agua y contamina las reservas subterráneas de agua.

Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga
El proyecto minero CONGA

Un ejemplo de este tipo de minería se encuentra en Cajamarca, una provincia situada al norte del Perú donde la población campesina e indígena se ha revelado ante la imposición de un proyecto minero denominado CONGA. El 31 de mayo, la población civil iniciaba una Huelga Regional Indefinida para exigir al Presidente peruano Ollanta Humalla una paralización de este proyecto al que consideran una fuente de destrucción de los recursos hídricos.

Aún así, parece que la opinión del pueblo de poco sirve. Ni las marchas pacíficas, ni las vigilias, ni los comunicados, ni las huelgas de hambre iniciadas por algunos líderes parecen haber sido suficientes. El presidente, acaba de tomar la decisión sin ofrecer espacios para el diálogo, ni escuchar la voz de la población: el proyecto CONGA, sigue adelante.

El proyecto CONGA es una iniciativa de la empresa Minera Yanacocha S.A. compuesta por la transnacional estadounidense Newmont Mining -la segunda mayor productora de oro del mundo-, la compañía peruana Buenaventura -establecida en el 13º puesto de la producción aurífera mundial- y el brazo financiero IFC del Banco Mundial. De esta forma, Yanacocha es considerada como la multinacional minera más grande del mundo.

Laguna Perol, que desaparecerá una vez que se ponga en marcha el proyecto CONGA. Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga“De lo que estamos hablando es de una minería a gran escala que va a convertir a algunas de las lagunas en tajos abiertos de 1km de diámetro por 660m de profundidad una, y 440m. la otra”, explica Marco Arana, Presidente del partido Tierra y Libertad y defensor medioambiental. “La tecnología del tipo de minería que pretende implementarse en la zona va a destruir las fuentes naturales de agua, no solo las va a contaminar. Se prevé para comenzar, realizar dos tajos abiertos que no solo van a afecta las aguas superficiales sino también las aguas subterráneas” continúa Arana. “De otro lado, prevén remover mas de 130 hectáreas de humedales, que son las zonas de recargas hídricas del complejo ecosistema hídrico”, añade.

Desde que en 1992 Yanacocha empezara a operar en Cajamarca, los conflictos no se han dejado escapar, a pesar de que no hayan tenido la repercusión mediática que merece. Pero es especialmente a partir del año 2004, al iniciarse la exploración del área Conga cuando ya empieza a surgir un movimiento campesino de rechazo al proyecto. En el año 2007 se ponen en marcha los estudios de base ambiental, diseñándose a partir del 2008 la ingeniería del proyecto y la aprobación de un incompleto Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Ministerio de Energía y Minas. En marzo de 2010 se dio a conocer la versión definitiva del EIA, ante el que parece no haber coincidencia con otros estudios paralelos, lo que ha provocado el rechazo de la población autóctona.

“En enero de 2012, por encargo del Environmental Defender Law Center, que es una institución de derechos humanos de Estados Unidos, le encargan a Robert Moran que analice el impacto ambiental del proyecto CONGA, después de conocer los paros, ciertas movilizaciones, la declaración del Estado de emergencia, etc. Moran plantea diversos temas que cree que en el EIA son erróneos, o que por lo menos hay ciertos vacíos”, comenta Laura Lucio, bióloga miembro de Ingeniería Sin Fronteras y que desde hace años viene trabajando en la zona.

Estas conclusiones, se sumaron a las aportadas por otro hidrogeólogo español que “también destacó varios vacíos de información, sobre todo en el ámbito hidrogeológico e hídrico”, añade Lucio. “Algunos de los vacíos que se encontraron en estas evaluaciones independientes fueron que el proyecto Conga pretende hacer 2 tajos abiertos ubicados en 2 lagunas y por otro lado, los botaderos de desmonte, es decir, el material de desecho lo pondrían en otras 2 lagunas, de tal manera que se afectarían a 4 lagunas” continúa explicando.

“Además, debido a las características de ubicación del proyecto Conga, al ser una zona de cabecera de cuenca en la cual el sistema acuífero está muy cerca de la superficie, se deberá bombear agua del subsuelo”, explica Laura. Las conclusiones de los expertos señalan que “al realizar el tajo, se necesita bombear ese agua y los niveles de bombeo serán elevadísimos. Estamos hablando de millones de litros de agua bombeada, lo cual el Doctor Moran identificó que esos volúmenes de agua afectarían al sistema acuífero ya que todo el sistema de la zona está interconectado, entonces bombear agua a esos volúmenes tan grandes en un punto podría afectar al resto del sistema”.

El Doctor Moran “también identificó que la construcción de cuatro reservorios como medida de mitigación de los impactos ambientales supone un control de agua por parte de una empresa privada porque ahora mismo del agua existente en los acuíferos las poblaciones campesinas se abastecen de ellos de manera natural a través de los manantiales y ríos. Sin embargo, al afectar el manantial y construir reservorios estaría controlándose el agua por parte de una empresa privada” explica Laura de las conclusiones del informe.

Las mujeres están jugando un papel crucial en la defensa de los recursos hídricos. Fotografía: M. Laure Rodríguez QuirogaA pesar de que la población campesina e indígena han venido solicitando analizar la viabilidad o no del proyecto Conga, el Ministerio del Ambiente peruano, encargó un peritaje internacional exclusivamente para “analizar cuál sería el impacto del proyecto y cuáles serían las medidas de mitigación de los impactos” y basado en un estudio hidrogeológico “presentado por la empresa este mismo año, se supone que días antes del peritaje” y que por lo tanto “difiere de la evaluación que hace Moran y la que hacen los peritos porque no se basan en el mismo estudio”, contextualiza Laura Lucio.

Lo cierto es, que el reciente anuncio de la continuación del proyecto Conga, ha sido interpretado por la población civil como un acto de traición. No debe olvidarse que durante la campaña a las elecciones presidenciales de 2011, Ollanta Humala visitó Cajamarca, instando a defender la vida y luchar contra las empresas abusivas bajo la consigna “agua sí, oro no”, la misma que hoy día utiliza la población campesina e indígena. La respuesta del Gobierno Central fue y sigue siendo tajante al establecer el Estado de emergencia y militarizar la zona.

La defensa pacífica por el agua
Miles de personas vienen solicitando el paro de este proyecto que afectará al agua, al medioambiente y a su salud, bajo el silencio internacional. Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga
El agua es un bien comunitario que todos los seres vivos deben tener, libre de contaminación y libre para el acceso igualitario. El agua tiene su lugar en la naturaleza que cumple una función matricial, es el sustento para la biodiversidad por lo tanto, su alteración atenta contra la creación. Sin agua, el planeta y los seres que la componen estarían encaminados a la extinción más absoluta.

Las protestas populares que se están viviendo en estos momentos en Cajamarca, tienen la base ideológica de la defensa del agua. Uno de los lemas que más se repite tanto gráfica como verbalmente es “Agua sí, oro no”, y que viene a recoger la preocupación por la situación de este recurso a raíz de la intervención minera.

Nélida Ayay, lideresa quechua en defensa del agua. Fotografía: M. Laure Rodríguez QuirogaNélida Ayay es una de las jóvenes lideresas de la comunidad quechua, para ella “la situación del agua está últimamente muy complicada. Anteriormente la cantidad de litros que traía el río grande era de 60 litros por segundo, ahora solo contamos con 15 litros de agua por segundo”, explica. “Es gente foránea la que decide cuántas horas de agua debemos de tener y el resto del día se la cortan”.

El problema de la escasez del agua por la acción minera como argumentan, no es el mayor de los problemas. “Tenemos contaminación ambiental y contaminación social. Ambiental porque están contaminando nuestra agua, al contaminar nuestra agua se contamina la tierra. Al contaminar la tierra ya no hay producción de agricultura. Ya no se goza de esa naturaleza que vivíamos antes, en esa paz y tranquilidad. Ahora es todo lo contrario. También tenemos una contaminación social porque los mineros hacen y deshacen, no todo tan bonito como ponen en sus reportajes. En la vida real, nosotros estamos siendo afectados”, explica Ayay.

“Cuando llegamos a la parte baja del Río Grande, nos encontramos con un agua sucia, verde en parte, negra en otras partes y que está contaminando el río. Las piedras ya no tienen el mismo color. Por eso decidimos ingresar a las operaciones del tajo Maqui-Maqui de la empresa Yanacocha” cuenta Nélida.

Diversos activistas, consiguieron adentrarse en la propiedad de la mina Yanacocha y descubrieron que de la cabecera de cuenca salen cuatro grandes tubos que abastecen de agua al Río. Nélida explica que por fuentes oficiales saben “que llevan colocados desde el 2001, pero como nosotros tenemos prohibido ingresar a las operaciones de Yanacocha hasta que el 10 de setiembre del 2011 que hicimos la visita al Cerro Quilish, descubrimos que los cuatro tubos nos estaba proveyendo de agua ¿y de donde sale este agua? De las lixiviaciones de la empresa, es un agua tratada” con cianuro y mercurio.

Para Juana, una mujer lavandera de ropa desde hace 28 años “el agua es la vida, es la salud. En cambio yo diría ¿de qué nos sirve el oro? En nada, porque el oro se terminará pero nuestras aguas…”, se lamenta mientras las lágrimas recorren sus mejillas curtidas por el sol. “Mire el río Cajamarcorco, antes tenía agua abundante, y ahora está seco ya”.

Juana, como otra gente sin apenas recursos económicos, no disponen de agua potable en casa, por lo que aprovechan el agua de algún riachuelo para llenar baldes y llevarlo hasta su casa. No sabe de dónde viene el agua, ni tampoco si están consumiendo agua contaminada.

Punto de vista jurídico
La criminalización de las protestas sociales pacíficas, es una de las formas de represión que el gobierno central peruano ha tomado como medida. Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga
El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) cree necesario estudiar las violaciones de los derechos producidas por la expansión rápida e incontrolada de la industria de explotación del oro. Desde el punto de vista jurídico parece ser que el Estado peruano ha incumplido con sus obligaciones para con los pueblos ancestrales, al no respetar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recoge que el Estado tiene la obligación de consultar y obtener el consentimiento previo libre e informado de los pueblos antes de dar cualquier tipo de concesión a un megaproyecto de estas dimensiones, algo que a priori y a tenor de las protestas civiles que se están produciendo dan muestra de la negativa de gran parte de la población campesina a aceptarlo.

De igual forma la CIDH es clara en establecer que sin el consentimiento de los pueblos, un Estado no puede dar concesiones de proyectos que afecten a las personas o al medio ambiente, por ejemplo cuando se produzca depósito o desecho de sustancias peligrosas o tóxicas y que por lo tanto, no se imponga de forma autoritaria una decisión de este tipo. Así, el Estado no tiene el derecho de atribuirse la imposición de un proyecto que no tenga el consentimiento del pueblo afectado. El artículo 3 del Convenio 169 recoge la prohibición para que el Estado no use la fuerza para violar estos derechos.

El presidente peruano, Ollanta Humalla ignora las voces de la población campesina e indígena que dice NO al proyecto minero Conga. Fotografía: M. Laure Rodríguez QuirogaEl derecho internacional exige que sea el Estado el que obtenga el consentimiento de los pueblos para la implantación de este tipo de proyectos. Para ello, el Estado no debe eludir su obligación como tampoco se puede permitir que sea la empresa la que asuma la responsabilidad de conseguir la autorización de uso o compra de tierras. Las empresas no sustituyen al Estado.

Según el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad “Las empresas, por el sólo hecho de obtener la concesión minera adquieren el derecho de solicitar una servidumbre minera y la expropiación adminitrativa de las tierras que las comunidades no les quieren vender o ceder voluntariamente”, lo que viene a mostrar que los contratos no se han basado en el libre consentimiento. En el Estado peruano, la legislación minera prevé una vía inconstitucional vía coercitiva cuando el pueblo no quiere vender o ceder sus tierras para la explotación minera, lo que muestra un vicio de nulidad.

Las transnacionales mineras llevan décadas expoliando los recursos naturales gracias a la puesta en marcha de megaproyectos que han sido impuestos sin consulta previa y sin haber contado con el consentimiento de los pueblos afectados. Esta expoliación a las comunidades indígenas y autóctonas se aceptan por parte del Estado sin demasiadas garantías de la posible contaminación de las aguas, suelos o aire, como tampoco la exigencia de planes preventivos o de reparación de los daños que puedan ocasionar.

El futuro
Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga
A pesar de la decisión gubernamental de seguir adelante con el proyecto Conga, la población civil cajamarquina ha manifestado su deseo de seguir luchando de manera pacífica, como se ha realizado hasta ahora, en la defensa de sus recursos hídricos. A pesar del silencio mediático, los dirigentes siguen realizando un llamamiento internacional para que las miras se centren en el caso Conga.

Una de las peticiones que vienen realizándose en estos días, es la del cese del uso de la violencia indiscriminada por parte de la policía, tanto a mujeres, menores como a abogados miembro de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“El tejido institucional y la cultura democrática en países como en Perú son muy débiles por lo que pretender hacer depender las luchas o la negociación con los intereses de las transnacionales solo con un presidente en realidad no hace mucho sentido”, expresa Marco Arana, quien en todo momento ha intentado tender puentes para el diálogo.

“Tendría que haber un congreso de la república que mayoritariamente respalde ese liderazgo presidencial y sobre todo un amplio respaldo popular y entonces. La solución de los problemas que generan las transnacionales en términos de contaminación o de apropiación de los recursos naturales no lo va a resolver un caudillo, lo tienen que resolver grandes acuerdos políticos entre un presidente, un congreso, un poder judicial que funcione y que sea independiente y en realidad un amplio respaldo popular. La lucha contra las transnacionales no es tarea solo de un presidente sino de todo un tejido social y político de una nación”, y ahí es donde radica la lucha, en una democratización de los órganos de poder y decisión.

Porque el agua, vale más que el oro, toda la ciudadanía debería de tener la capacidad de poder decidir sobre su futuro y el de las generaciones venideras.
Fotografía: M. Laure Rodríguez Quiroga

Texto y fotografía de M. Laure Rodríguez Quiroga. Publicado en Islamico.org

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