Mas de 30.000 personas malviven en las calles de España

Cada vez son más las iniciativas promovidas por  ayuntamientos del Estado español que han modificado sus ordenanzas municipales para prohibir la mendicidad en sus calles. El caso más reciente, parece ser el de Valladolid. El debate ciudadano se reabre ante la incomprensión de algunos sectores que consideran desmesurada este tipo de medidas para acabar con las más de 30.000 personas sin hogar que viven en España.

El año pasado, Cáritas daba a conocer los escalofriantes datos de personas “sin techo” en nuestro país, cifras que van aumentando considerablemente desde el estallido de la crisis económica. 30.000 historias dramáticas que van incrementándose en número de personas que terminan malviviendo entre cajas de cartón en las ciudades españolas.

El 89% son hombres que rondan los 41 años de edad de media. Algo más de la mitad, un 51% son solteros, aunque empieza a tener protagonismo el perfil de hombre divorciado. Más del 70% de las personas, llevan consigo todas sus pertenencias y pernocta todas las noches en el mismo lugar y el 45,6% no ha recurrido a la red asistencial.

El número de personas extranjeras va en aumento, casi el 60% de las personas sin techo no son originarios de España y sus procedencias son diversas, tanto europeas como extracomunitarias, aunque con la crisis, el perfil también está empezando a cambiar, ya que la mayor parte de las personas manifiestan estar en la calle tras haber perdido el empleo, algo de lo que la propia población autóctona tampoco es ajena.

La situación, lejos de mejorar va adquiriendo un protagonismo espeluznante, especialmente cuando desde las administraciones locales se deciden adoptar soluciones poco prácticas para resolver esta problemática. La nueva norma de civismo y convivencia ciudadana que ha aprobado el ayuntamiento de Valladolid es la réplica a otras iniciativas anteriores. Barcelona fue la pionera, en el 2006, en perseguir la mendicidad organizada, aquella que se realiza de forma “insistente, intrusiva, agresiva u organizada” pudiendo interponerse multas de hasta 3.000€ para quienes utilicen a menores para ejercer la mendicidad.

Alicante también aprobó una ordenanza de mendicidad y prostitución en 2011, por considerar “de sentido común” al producirse como respuesta a la demanda ciudadana, pero se incide especialmente en la mendicidad infantil y aquella que se considera coactiva. Por su parte, Oviedo establece un régimen de sanciones más ligero que sugiere acudir a los Servicios Sociales o requerimientos verbales y no tanto recurrir a multas económicas.

Cartagena, por el contrario, ofrece más dureza a la mendicidad en la calle. La normativa prohíbe pedir en la calle, siendo especialmente estrictos con los menores, vender pañuelos de papel u otros productos sin licencia y ofrecer servicios, como la limpieza de los cristales de los coches, a cambio de dinero.

 

 

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